Las cámaras de vigilancia están por todas partes: en calles, comercios, edificios y cada vez más en hogares privados. Si bien aumentan la sensación de seguridad, también plantean serias preguntas sobre la privacidad y el uso de los datos grabados.
En España, la instalación de cámaras de vigilancia está regulada por la LOPD y el RGPD. Las cámaras domésticas no pueden grabar la vía pública ni propiedades vecinas. Los comercios deben informar de la grabación con carteles visibles y registrar el tratamiento ante la AEPD.
Si crees que una cámara está grabando de forma ilegal tu propiedad o la vía pública, puedes denunciarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Las multas por instalación ilegal de cámaras pueden alcanzar los 20 millones de euros según el RGPD.
